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Siete Operadores de IPTV Pirata Condenados a Casi 9 Años de Prisión por Fraude

Siete personas que estaban detrás de una operación de IPTV pirata y de intercambio de tarjetas han sido condenadas a prisión por delitos de fraude. Dos de los líderes de la red fueron condenados a 44 meses de prisión y los otros cinco a cumplir entre 9 y 18 meses. Después de que los acusados renunciaran a cerca de un millón de euros de la cantidad que generaron con el fraude, un tribunal suspendió sus penas privativas de libertad.

En muchos países de Europa, los servicios, proveedores y revendedores de IPTV pirata se han convertido en el principal objetivo de los grupos de la industria del entretenimiento.

Estas plataformas de suscripción a precios reducidos están ampliamente disponibles y son populares entre los consumidores, pero los titulares de derechos las consideran empresas criminales que no tienen un lugar legítimo en el mercado. Esta creencia es compartida por las fuerzas de seguridad de todo el continente, siendo España uno de los campos de batalla.

EGEDA presenta una denuncia y la policía realiza redadas

En mayo de 2019, la entidad de gestión de derechos audiovisuales EGEDA presentó una denuncia penal contra Comprarccam, un proveedor de suscripciones piratas de IPTV y tarjetas compartidas.

Una investigación policial dio lugar a un informe en el que se afirmaba que la operación pirata daba servicio a al menos 15.000 clientes en España. Se identificó a dos de sus líderes y se les localizó en las ciudades de Salamanca y Zamora.

La policía siguió con una operación en dos fases en febrero y marzo de 2020. Los agentes pudieron incautarse de documentos e información contable y luego siguieron con redadas coordinadas. Se realizaron registros en seis localidades y se detuvo a siete personas: una en Zamora y otra en Salamanca, una en Córdoba, tres en Valencia y otra en Málaga.

Todos fueron detenidos como sospechosos de delitos relacionados con la propiedad intelectual, incluido el fraude en las telecomunicaciones. La policía se incautó de equipos informáticos, teléfonos móviles, más de 10,000 euros en efectivo y siete lingotes de oro. El sitio web del grupo y los servicios piratas asociados fueron cerrados. Se congelaron las cuentas financieras y las instalaciones de procesamiento de pagos, ya que se alegó que el grupo había costado a los titulares de derechos unos 11,8 millones de euros.

La organización criminal

Según los fiscales, la «organización criminal» que estaba detrás de la operación de IPTV y de intercambio de tarjetas estaba dirigida por dos hombres.

Uno de ellos habría operado el «centro logístico» desde su domicilio en Zamora, realizando tareas como la gestión del panel de IPTV y la atención a los usuarios a través de mensajería online. Un segundo hombre de Salamanca era el administrador de un servicio que redirigía a los usuarios a streams que permitían el acceso ilegal a contenidos deportivos, películas y programas de televisión.

Otros cinco miembros, encargados de distribuir las suscripciones infractoras a los clientes, operaban desde Córdoba, Valencia (x3) y Málaga. Estos individuos eran considerados actores importantes pero no tan cruciales como los de Zamora y Salamanca.

Una investigación llevada a cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional de Valladolid determinó que, entre mayo de 2019 y mayo de 2020, el fraude de los acusados les reportó unos 1,2 millones de euros.

Condenan a los acusados a casi nueve años de prisión

Más de dos años después de los allanamientos, un juzgado de Zamora (Audiencia Provincial) ha condenado ahora a los siete acusados por delitos de estafa basados en la facilitación del acceso a contenidos infractores.

Los dos responsables han sido condenados a 23 meses de prisión cada uno. Otros dos recibieron penas de 18 y 16 meses, y los tres restantes fueron condenados a 9 meses cada uno. Sin embargo, parece que los acusados evitarán una pena de prisión inmediata tras declararse culpables y tomar medidas para devolver el dinero que ganaron durante el periodo de fraude.

Según un informe local, los acusados ya han devuelto la mayor parte de los 1,2 millones de euros que ganaron, quedando 250.000 euros como cantidad pendiente. Si alguno de los acusados comete algún nuevo delito durante los próximos dos años, será enviado directamente a prisión para cumplir su condena.

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Redacción MP

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